Ya han transcurrido más de tres meses desde el estallido de la revuelta popular en Chile. Cada jornada comienza con la esperanza en el nacimiento de un mundo nuevo; pero, invariablemente, con o sin toque de queda, termina con la conciencia de que el viejo orden se resiste a desaparecer, con violencia, brutalidad y engaños. Pese a la gigantesca fuerza y energías desplegadas en estas semanas de combate frontal contra el gobierno y los aparatos represivos, pese a la profundidad de las transformaciones en curso, tanto en las formas de vida y organización de sus lucha, como en las de pensamiento y acción social; pese a todos los esfuerzos y sacrificios del pueblo, el orden sigue en pie. Aún no es suficiente.

No obstante, Octubre es un tremendo salto, tan adelante, que la respuesta de los poderosos, sea la represión o el proceso constituyente, llega demasiado tarde. El pueblo avanzó, en estos meses, lo que no hizo en treinta años. La crítica de la realidad del capitalismo chileno, que hace el movimiento popular en las calles, asesta plazos mortales al bloque dominante. No son los calendarios constituyentes, sino los de su derrota histórica. La acción popular de Octubre aportó una perspectiva que trastoca la continuidad del régimen. Sus actos revolucionarios de rechazo a las infamias cotidianas, a la espera, abusos y engaños; en definitiva, al sistema de relaciones sociales patriarcales, coloniales, capitalistas, en que descansa el Estado. Y si esa institucionalidad hoy tambalea, es porque el pueblo socavó, si bien brevemente, sus bases relacionales. Las instituciones siguen en pie, pero legalidad de las mercancías y el orden público capitalista, se ha visto, desde Octubre, eclipsado por horas. ¿Por qué la evasión, impulsada por la juventud combatiente, actuó como catalizador de este gigantesco movimiento popular, o en cambio, sólo contiene el germen de un proceso superior, del cual el movimiento actual es solo una etapa primigenia?

La vida social del capitalismo dependiente chileno, con todo su librecambio e internacionalización, toma su estructura a partir de relaciones sociales establecidas con ayuda de la legalidad criminal del Estado de excepción de la dictadura militar. La Constitución no creó estos sistema de relaciones sociales, la confianza en AFP, ISAPRES o Carabineros; lo generó la tiranía de Pinochet. Las instituciones del capitalismo chileno, en esta etapa llamada democrática, descansan en las relaciones sociales impuestas por un Estado dictatorial. Aparte de develar los verdaderos soportes de esta “democracia”, el estado de emergencia de Piñera mostró, sin embargo, que esas relaciones se habían quebrado a un nivel muy profundo, y que si bien podrían limitar la actividad del pueblo, ya no podían restituir su vieja legalidad. La juventud, educada en la deconstrucción antipatriarcal de las relaciones humanas, desplegó una acción social que quebró la legalidad dominante, abriendo de par en par el camino a la revuelta y protesta popular. La nueva legalidad, surgida de entrañas plutonianas, del subsuelo de la sociedad mercantil, fue conquistando e inundando el conjunto del espacio social: la calle, la plaza, el barrio, cada espacio y territorio. Por eso, que la protesta se haya integrado a la vida cotidiana del pueblo es un hecho muy significativo. La legalidad rebelde del pueblo conquistada en las ciudades, se extiende por todos los recodos y se transforma en principio de organización y lucha para cambiar radicalmente, desde sus cimientos, el Estado pinochetista.

La ruptura en las relaciones sociales del capitalismo chileno se expresa como un ajuste de cuentas entre el pueblo, que se niega a pagar, diariamente, la deuda humanitaria que contrae con la barbarie de la explotación del ser humano y la naturaleza, y aquellos que se declaran dueños del Metro, Supermercados, Bancos o el Estado. ¿Qué les debe el pueblo? ¿Cuándo contrajo la obligación de trabajar para pagar por los privilegios de otro? Hasta Octubre, consolaba a las masas la idea “debo trabajar, sea cualquiera el que gobierne”; ahora, la convicción de que la dignidad debe hacerse costumbre, contrato colectivo, reemplazó esa antigua idea. Nadie puede contradecir, por ejemplo, a José Piñera cuando afirma que, desde 1982, el capitalismo chileno ha crecido exponencialmente. La dictadura les permitió a los empresarios chilenos explotar al pueblo, saqueando gigantescos recursos humanos y naturales. Con ello, hizo su paradójica obra revolucionaria: multiplicó y socializó los medios de producción y de vida, hizo crecer las fuerzas productivas de la sociedad. Pero al expandir los medios de vida, el capitalismo genera un modo perverso de organizarlos socialmente. Toda esa riqueza adquiere forma privada. Esos medios son concentrados por los dueños del poder. Crecen para pertenecer a pocos. Y entonces, es legítimo que cuestionemos por qué debemos laburar para Luksic, Angellini o Paulman, si ellos hacen de su vida un infierno. ¿Y si, mejor, trabajo todos los días, gobierne quien gobierne, a cambio de bienestar, de un beneficio colectivo, sin privilegiados ni acaparadores, sin saqueadores y asesinos? 

El poder del capital y el Estado en Chile, ha quedado huérfano de sentido, pues la valoración histórica de la propiedad se ha transformado. Octubre desató un anhelo de propiedad colectiva sobre aquello que la sociedad produce, que es, por lo mismo, una sentencia de muerte para los dueños de Chile, aquellos que violan, torturan y matan. Evadir sólo es “no pagar” en la vieja legalidad del capital y las mercancías. En la nueva legalidad popular, surgida en Octubre, evadir es apropiarse colectivamente de aquello que pertenece a la sociedad: el agua, los territorios, la vida, la producción, la dignidad. Por eso, la prueba más fehaciente de la inocencia del pueblo en la quema de las estaciones de metro es que allí residía el espacio germinal de esta revuelta. El riesgo para la clase dominante era evidente: si el pueblo imponía su nueva legalidad en el sistema circulatorio de la sociedad capitalista, podía legar pronto a otros subsistemas del organismo. Incapaz de contener la rebelión prefirieron quemar el germen y llenar al pueblo de injurias. Y preventivamente, hicieron lo mismo con otros, como el sistema de distribución: prefirieron quemas los supermercados que lidiar con el control popular de las mercancías.

La expropiación popular no es robo. Los propietarios de los medios de vida, los que se hacen dueños del poder y la riqueza, los expropiadores, ladrones y saqueadores; poseen gracias a una legalidad impuesta a sangres y engaños. El pueblo utiliza el metro, pero no es su propietario. Ve las clínicas, universidades, condominios, pero no puede entrar. Tiene derechos constitucionales que no valen más que el peso del papel en que van impresos. O va a centros comerciales y mercados sin poder comprar. Se golpea diariamente con la propiedad privada de los medios de producción y cambio. Por eso, la revuelta de Octubre, su ola de evasión y control territorial, es un principio de acción que representa una aspiración de transformación radical de la propiedad sobre los medios de vida de la sociedad. Expropiar a los expropiadores, subvertir la propiedad sobre los medios de vida, es un cambio verdaderamente revolucionario, transforma la manera en que nos relacionamos para reproducir la sociedad que heredamos y, sobre todo, reorganizarla según los intereses y necesidades de liberación del pueblo trabajador.

Todavía habrá quienes vean esta nueva legalidad como un peligro para el mundo de las mercancías y sus instituciones, que piensen que la acción revolucionaria está bien, pero debe ser legal y progresista. No resolverán el problema por los caminos del capital. A la puerta de ese laberinto está el fascismo. Pierden su tiempo y lo hacen perder al pueblo. Las contradicciones que originaron Octubre están en la médula de la formación económica y social del país, de la violencia fundacional de la dictadura militar y el engaño institucionalizado de los gobiernos de la transición: la explotación del pueblo y la naturaleza para enriquecer de un grupo de privilegiados. Es indigno que el pueblo siga dejando en manos de los empresarios y políticos la organización de la sociedad. Ese es el sentimiento más extendido del movimiento de Octubre. Ese es su principio revolucionario.

La nueva legalidad que surge de la evasión, así como el control territorial y reproductivo de la huelga de masas, es la que engendra poder popular y revolucionario. Sus perspectivas son enormes. El único límite para su extensión es el desarrollo de la fuerza del pueblo. En torno a esta nueva legalidad el pueblo conquistó la unidad. Será la organización de sus fuerzas, en este nuevo marco de relaciones comunitarias para la revolución social, que descansa la garantía del poder popular. Las asambleas populares, que algunos quieren llamar patrióticamente “cabildos”, serán los órganos ejecutores de la nueva legalidad. Mañana no podrán saquear porque el pueblo distribuirá antes, de manera más justa y racional, lo que hoy la policía y militares han expuesto al pillaje del lumpen y los narcos. No podrán quemar un metro que controlan y administran los propios trabajadores. No podrán gobernar aquello que el propio pueblo gobierna.

Cuyuncaví, 2020